Notícia publicada no site do “Poder Judicial de República da Costa Rica” (leia aqui).
Corte Plena aprobó la tarde de ayer lunes de manera unánime un informe sobre transparencia para mejorar la capacidad de respuesta de la administración de justicia frente a las denuncias por corrupción, el detalle del estudio lo expuso la magistrada Nancy Hernández López quien lidera la Comisión de Transparencia desde el 2014.
Magistrados y magistradas acordaron declarar de interés institucional el abordaje prioritario de esta problemática por lo que se fortalecerá la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, se creará una Sección Especializada en esa materia en el Organismo de Investigación Judicial y se formalizará de una oficina de cumplimiento y seguimiento de diagnósticos institucionales.
Así mismo el acuerdo establece que se realizarán las coordinaciones necesarias ante la Asamblea Legislativa para procurar las reformas de ley necesarias en materia de corrupción y crimen organizado.
Sobre este acuerdo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Cruz Castro destacó que las recomendaciones aprobadas son una prioridad institucional porque permitirá identificar las amenazas de corrupción a las que se puede enfrentar el Poder Judicial.
En su criterio “se fortalecen todos los instrumentos que nutren de información para que haya una mayor transparencia y un comité de vigilancia permanente que identifique todas las formas de corrupción”.
Por su parte la magistrada Nancy Hernández, puntualizó que la institución debe mejorar su capacidad de respuesta operativa pues la actual estructura no es suficiente por ello se debe fortalecer.
Agregó que la propuesta surge tras un diagnóstico realizado sobre este flagelo que afecta confianza en la institucionalidad por lo que al ser un tema prioritario debe incluirse en el presupuesto.
En la sesión, también se acordó que la Comisión de Transparencia la asumirá la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Patricia Solano Castro, quien coordina el Grupo de trabajo número 9 sobre reformas urgentes al Poder Judicial que trabaja en un plan de reforma integral y estructural al proceso penal y lucha contra la corrupción cuyo objetivo es realizar un examen del sistema penal y procesal costarricense para concretar reformas legales contra el fenómeno de la corrupción y su regulación penal actual.
La magistrada Solano expresó su anuencia en asumir la citada comisión al estar vinculado el tema con el trabajo del grupo que ella lidera.